La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, expone las iniciativas y prioridades en la acción del Gobierno de la Junta de Andalucía en el nuevo curso político.
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Redacción. Sevilla
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, con el voto en contra del PP-A y el apoyo de PSOE-A e IULV-CA, no habiendo ningún diputado de IULV-CA que haya votado en contra como sí ocurrió en el debate de totalidad. El pasado 24 de julio la Junta aprobó una modificación del plan para dejar sin efecto para el año 2012 una serie de artículos, lo que supuso restituir la paga extraordinaria de julio para los empleados públicos, después de la decisión del Gobierno de la Nación de suprimir la de Navidad.
Este proyecto de ley recoge el plan que la Administración autonómica llevará a cabo para dar cumplimiento al objetivo de déficit en 2012, fijado en el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto. En relación con el plan inicialmente diseñado, la norma introduce novedades en el ámbito del personal, con el compromiso de mantener el máximo empleo público posible y la garantía de que ningún empleado público percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa como consecuencia de la aplicación del Decreto-ley.
Asimismo, se reconoce expresamente que las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, esto es, estarán vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013, siempre que los ingresos de la comunidad recobren vías de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Respecto a las retribuciones, se fija en un 7,5 por ciento, en lugar del cinco por ciento inicialmente previsto, la reducción de los sueldos de los altos cargos de la Junta (presidente y consejeros y asimilados). También se modifica la reducción de jornada y bajada proporcional de retribuciones del personal temporal al servicio del sector público andaluz, que será del 10 por ciento frente al uno por ciento anunciado anteriormente.
El texto plantea el doble objetivo de aumentar los ingresos en 1.000 millones de euros y reducir el gasto de la Administración autonómica en 2.500. Se compensarán así los 3.500 millones que Andalucía dejará de recibir debido a las políticas de recortes impuestas por el Gobierno central y a las menores transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. Las medidas aprobadas, que se desarrollarán hasta finales de 2013, afectan a todos los capítulos del Presupuesto autonómico vigente, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos. Además, recogen las que el Gobierno central ha señalado de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas.
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